La ONU llama la atención a España por descuidar la protección de la infancia

El Comité de los Derechos del Niño pide que se alargue la prescripción de los delitos de abusos sexuales

En un informe, Naciones Unidas muestra su “seria preocupación” por los recortes presupuestarios

La Organización de Naciones Unidas (ONU), tras analizar el grado de cumplimiento por parte del Estado español de la Convención de los Derechos del Niño, ha elaborado un duro informe que detecta fallos preocupantes en la protección de la infancia. Considera insuficientes las inversiones actuales, denuncia que está aumentando la desigualdad y observa graves disfunciones en el sistema de prevención de la violencia y de los abusos sexuales que sufren los menores de edad.

Crítica a la prescripción española de los abusos

Sobre este último punto, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas aconseja adoptar medidas concretas para luchar contra la pederastia. La primera de ellas es “alargar” el tiempo de prescripción de los delitos sexuales que sufren los niños. En España, las víctimas disponen de un tiempo muy limitado para denunciar a sus agresores. Una anomalía que no existe en países como Estados Unidos o Irlanda y que impide a menudo que los pederastas sean juzgados. Algo que quedó patente con el ‘Caso Maristas’, destapado por la investigación periodística de este diario, en el que 11 de los 12 docentes que fueron denunciados por exalumnos de dos colegios religiosos de Barcelona se libraron de ser juzgados porque sus delitos habían prescrito.

El informe también recomienda “la creación de un registro único de pederastas” y “mejorar” los canales que existen para que los menores se atrevan a denunciar que están siendo asaltados sexualmente, algo decisivo para que aflore la verdadera magnitud de este problema. Asimismo, la ONU dice que el Estado debería investigar “proactivamente” los casos de abusos sexuales de los que tenga constancia, perseguir que se juzgue adecuadamente a los culpables y asegurarse de que las sanciones sean apropiadas cuando estos sean condenados.

El informe también cree que la justicia española debería tomar más precauciones para proteger a los menores que se encuentran inmersos en procesos judiciales, “reduciendo los periodos de espera para testificar” y garantizando que estas víctimas no tendrán ningún contacto con los adultos que han abusado de ellas durante la fase de instrucción y la celebración de la vista oral.

“Seria preocupación”

El informe, que se redactó tras una sesión celebrada en Nueva York el pasado 22 de enero, consta de 17 páginas que incluyen 54 puntos distintos, como el dedicado a las lagunas existentes en materia de prevención del maltrato sexual infantil. El documento hace constar al gobierno español la “seria preocupación” por la baja inversión que realiza en protección de la infancia. Esta “ha sido inadecuada para paliar el impacto negativo de la grave crisis económica y social que comenzó en 2008, incrementando los niveles de pobreza desigualdad“.

El informe denuncia “el impacto negativo de los recortes en inversión pública para la implementación de la Convención, particularmente en niños con discapacidades o en situación de marginalidad (…) y especialmente en educación, sanidad, vivienda y protección social”.  “Especialmente en el nivel autonómico”, donde además, hay “casos de niños viviendo en chabolas e infraviviendas, especialmente de la etnia romaní y de origen migrante”.

“El comité está seriamente preocupado porque los indicadores de exclusión social, pobreza y desigualdad se han incrementado mientras la inversión en medidas de protección social de la infancia continúan muy por debajo de la media europea“, señala el documento.

Medidas urgentes

Es por ello que el comité urge a España a tomar medidas para que todas las comunidades autónomas realicen una evaluación integral de las necesidades presupuestarias de la infancia a fin de redistribuir los recursos para responder correctamente a los derechos de los niños e incrementar los destinados a educación y provisión de servicios públicos.

Quiere que el Estado simplifique los procedimientos para que las familias con niños en situación vulnerable puedan acceder a una adecuada protección social en formas diversas, “como ayuda económica o servicios de acompañamiento”, que se incremente el personal que recibe y tramita estas solicitudes, aumente la inversión pública para estos fines y también la provisión de viviendas y servicios básicos para estas familias.

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